Escándalo de corrupción en vivienda social: cómo administradoras ‘a modo’ devaluaron proyectos en Roma, Condesa y Juárez

El conflicto en el edificio ubicado en Chilpancingo 14 ha dejado al descubierto una serie de irregularidades que, según los vecinos afectados, revelan un patrón de opacidad y posibles abusos en la gestión de los condominios. El caso más reciente involucra a dos empresas administradoras que, en menos de un año, habrían sido designadas bajo condiciones cuestionables, sin respetar los procedimientos legales ni los derechos de los propietarios.

Uno de los residentes, un médico que prefirió mantener su identidad en reserva, relató cómo su intento por regularizar la situación del inmueble se topó con obstáculos desde el principio. Tras adquirir su departamento, solicitó a la administración que le garantizara la certeza jurídica sobre el mantenimiento del edificio, así como la asignación formal de su cajón de estacionamiento, respaldada por un plano y una escritura pública registrada ante la Procuraduría Social (Prosoc). Sin embargo, sus peticiones fueron ignoradas. “Lo único que pedía era que se respetara lo que ya está establecido en mi escritura: el pago justo de las cuotas de mantenimiento y la definición clara de mi espacio de estacionamiento, pero hasta ahora no hay nada concreto”, denunció.

El problema se agravó cuando, en enero pasado, se convocó a una asamblea de condóminos que, según el afectado, incumplió con los requisitos básicos. La primera convocatoria no alcanzó el quórum necesario, por lo que se realizó una segunda ese mismo día, donde apenas se logró el mínimo de votos requeridos. En una tercera convocatoria, los vecinos presentes no alcanzaron ni la mitad del quórum legal. “Esto no es casualidad. Ya en agosto del año pasado hubo otra asamblea irregular, en la que participaron personas que ni siquiera son dueñas de departamentos en este edificio, y todo para imponer a otra empresa administradora”, señaló.

El médico también reveló que, durante este proceso, fue víctima de intimidación: lo filmaron sin su consentimiento y recibió amenazas veladas. Pero lo que más le preocupa es la aparente complicidad de las autoridades. “He comprobado que la Prosoc interviene para beneficiar a estas empresas, en lugar de proteger los derechos de los propietarios”, afirmó. Su desconfianza se reforzó tras un incidente ocurrido en diciembre, cuando presenció cómo la representante de una de las empresas en disputa, Manzana Verde, repartía regalos a funcionarios públicos en las oficinas de la Prosoc, justo días antes de una audiencia en la que él era parte interesada.

“¿Cómo se supone que habrá imparcialidad si los servidores públicos reciben obsequios de quienes luego deben evaluar?”, cuestionó. Para él, este tipo de prácticas no solo socavan la confianza en las instituciones, sino que perpetúan un sistema donde los intereses de unos pocos prevalecen sobre los derechos de la mayoría.

El caso de Chilpancingo 14 no es aislado. En otros edificios de la ciudad, propietarios han denunciado situaciones similares: asambleas amañadas, administradoras impuestas sin transparencia y la falta de respuesta por parte de las autoridades. Mientras tanto, los residentes afectados siguen luchando por lo que consideran justo: una gestión condominial que cumpla con la ley y respete sus derechos como dueños. La pregunta que queda en el aire es si las instituciones encargadas de velar por estos procesos actuarán con la firmeza necesaria para poner fin a estas irregularidades.